Antecedentes
Durante el año 2005, en conformidad con las disposiciones del Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (RCE), se desarrolló el Primer Proceso de Clasificación de Especies Silvestres, que tuvo inicio el 14 de noviembre de 2005 mediante la Resolución Exenta N° 2.142 publicada en el Diario Oficial y en el Diario La Nación. En el cual el Comité de Clasificación, conformado por instituciones públicas y académicas, evaluó el estado de conservación de un total de 35 especies, acogiendo observaciones de la ciudadanía y estableciendo en algunos casos una clasificación distinta para una o más regiones del país, o aplicando el procedimiento de clasificación a niveles taxonómicos distintos del de especie.
La propuesta preliminar de clasificación para las 33 especies ingresadas al 1º proceso de clasificación, fue sometida a consulta pública hasta el 12 de febrero de 2006, mediante la publicación en el Diario Oficial, en la Nación y en este sitio, de la Resolución Exenta Nº 2.820 de la Dirección Ejecutiva de CONAMA.
La propuesta de clasificación, generada por el Comité de Clasificación, fue aprobada el 25 de mayo de 2006 a través del Acuerdo N° 302 del Consejo Directivo de CONAMA (que reúne a 13 Ministerios), y posteriormente sometida a consideración de S.E. Presidenta de la República por medio del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
El 24 de marzo de 2007, mediante el Decreto Supremo Nº 151 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia del 6 de diciembre de 2006, se oficializó la nómina de las primeras 33 especies silvestres clasificadas bajo alguna de las categorías de conservación dispuestas en el artículo 37, de la Ley 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente. En este primer proceso, dos especies no fueron clasificadas bajo alguna de las categorías de amenaza, dado que la información existente no lo permitió.
Su formalización representa un importante hito para el país, por cuanto el reconocimiento oficial del estado de conservación de las especies, permitirá al Estado, entre otras cosas, priorizar las medidas de protección y recuperación de las mismas.